23 sept 2010

ES EL CONTRATO MÁS CARO QUE PAGA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Por ANDRÉS SANGUINETTI

Macri vuelve a licitar el negocio de la recolección de residuos
El gobierno porteño llamará a una licitación que plantea pagos por casi $ 1200 millones por año hasta 2015 y que además incluirá a las cooperativas de cartoneros
El gobierno porteño comenzó ayer con el proceso para licitar nuevamente el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Se trata del contrato de gestión más oneroso que paga la Ciudad de Buenos Aires y que para este nuevo esquema plantea un desembolso cercano a los $ 1200 millones anuales.
El encargado de llevar a cabo el proceso es Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, quien aplicó sustanciales cambios al contrato actual para elaborar un nuevo modelo rotulado como Proyecto de Higiene Urbana para la Ciudad de Buenos Aires.
El funcionario comunicó la novedad a través de su página en Facebook. Desde la red social explicó que el modelo plantea un doble sistema de recolección. Uno para residuos húmedos, que será licitado entre empresas privadas; y otro para residuos secos, que quedará a cargo de una o varias cooperativas de cartoneros.
Es decir, se optó por insistir con la separación domiciliaria de los desperdicios reciclables como el cartón, plástico y vidrio; de los no reciclables u orgánicos.Para los residuos húmedos se utilizará el sistema público de gestión privada y para el de residuos secos, el sistema público de gestión social.El nuevo esquema también incluye la distribución de contenedores por toda la Ciudad, la construcción de una planta para los residuos verdes y una agresiva campaña de concientización sobre la necesidad de clasificar los residuos en origen.
En el caso de los residuos húmedos, se reducen las zonas que estarán a cargo de empresas privadas, de cinco como hasta ahora, a tres, pero mantiene el área reservada a la sociedad estatal. El contrato será por cuatro años con uno más de gracia y se buscará reducir el monto a pagar, por lo menos en un 30%. El criterio de pago será por zona limpia (como ahora) y las empresas tendrán que instalar containers para residuos húmedos en toda la ciudad. Además, las empresas que quieran participar deberán realizar fuertes inversiones en tecnología y logística.Actualmente, el negocio se reparte entre Cliba, del grupo Roggio; Aesa, de capitales españoles; Urbasur, del grupo ACS; Níttida, una UTE entre Ecohábitat y Emepa; e Íntegra, sociedad entre el grupo Pescarmona y Martín y Martín.
Estos contratos entraron en vigencia en febrero de 2004, durante la gestión de Aníbal Ibarra, y debían extenderse por cinco años. Pero en febrero de 2009 fueron prorrogados por otro año. Ahora y gracias a una cláusula del contrato, Santilli los extendió por otros 180 días.Según aclaró el propio Santilli a El Cronista, “todas podrán presentarse a la nueva licitación siempre que demuestren intenciones de modernizar sus operaciones”.En el caso de los residuos secos las cooperativas cooperativas de cartoneros actuarán en las 15 comunas (CGP) en las que se divide la Ciudad y serán seleccionadas por concurso público. El contrato será también por cuatro años más uno de prórroga y se aplicará un sistema de calificación al estilo del scoring. “Queremos que los cartoneros no anden revolviendo la basura sino sigan haciendo sus tareas como hasta ahora, pero que la gente se acostumbre a separar los residuos en los contenedores de tapa naranja”, dijo Santilli. El funcionario del PRO sostuvo que el nuevo contrato contempla las metas de reducción de residuos destinados a rellenos sanitarios, previstos en la ley de Basura Cero. El año pasado, la Ciudad gastó $ 970 millones en el sistema de recolección de basura, mientras que para este año estableció un presupuesto de $ 1.050 millones. Para el nuevo esquema Santilli pretende reducir la partida aun más para colaborar con las complicadas arcas del Estado porteño que dirige Mauricio Macri. La intención del funcionario convocar a una nueva licitación dentro de 60 días o una vez que el nuevo plan haya sido debatido por todos los sectores sociales involucrados en el proceso y una vez que haya sido puesto a consideración en audiencia pública.