Martínez de Hoz y los crímenes económicos que esperan justicia.
El 12 de septiembre de 1978 Luis Grassi fue privado de libertad, luego de que la Comisión Nacional de Valores –entonces a cargo de Juan Etchevarne– inspeccionara la sede de Industrias Siderúrgicas Grassi SA. Fue denunciado por subversión económica y detenido por miembros del I Cuerpo de Ejército.
El 17 de octubre de 1978 Marcelo Chavanne fue privado de la libertad por los mismos captores y alojado en Campo de Mayo, al igual que Grassi. Entre los responsables de estos hechos figuran Víctor Rei y Roberto Roualdes. El ganadero Isidoro Carabassa fue privado de libertad y llevado al Regimiento de Granaderos a Caballo.
Raúl Aguirre Saravia fue secuestrado el 14 de septiembre de 1978 en su estudio y llevado a Campo de Mayo, donde fue torturado. Se los vinculó con una transferencia de 10 millones de dólares por la compra del Banco de Hurlingham y que, según la dictadura, habría pasado a Montoneros a través de Isidoro Graiver. Se labró un proceso militar para dar algún viso de legalidad. Pasaron dos meses hasta que fueron puestos a disposición de un juez. Se les impusieron condiciones inhumanas de vida y alojamiento. En diciembre del ’78 fueron puestos a disposición del PEN y recuperaron su libertad en enero del ’79. Estos hechos fueron ventilados en el juicio a las Juntas Militares. Actualmente el juez Daniel Rafecas analiza la situación de los imputados. El Banco Ganadero pretendía quedarse con el Banco de Hurlingham, bajo la alegada “lucha contra la subversión”. En los operativos participó un viejo conocido de la picana y la capucha: Raúl Guglielminetti.
La semana pasada José Greco se presentó ante el juez Oyarbide, solicitándole la acumulación de dos procesos: el de los Gutheim y el del grupo Greco, cuyos integrantes también fueron secuestrados con fines extorsivos. Greco dijo que, al igual que a los Gutheim, se los privó de libertad para ser desapoderados ilegalmente de sus bienes. El 25 de abril de 1980 una patota policial detuvo a Héctor Greco, José Greco y Jorge Bassil en un restaurante, a partir de una decisión tomada en la Casa Rosada en la que estuvieron Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, José Alfredo Martínez de Hoz, el que hacía de secretario de Programación, Guillermo Walter Klein, y el presidente y el vice del Banco Central, Adolfo Diz y Alejandro Reynal.
Días atrás, algunos de ellos suscribieron una solicitada de la Asociación de Abogados por la Concordia, en la que pedían el cierre definitivo de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Hoy están en condiciones de ser imputados en una causa por la que, con visión de futuro y sin acudir a brujerías, pidieron su propia impunidad.
La intención fue obligar a los Greco a ceder el paquete accionario de su grupo al Estado nacional. Se trataba de 45 empresas relacionadas con la actividad vitivinícola y el Banco Los Andes SA. Días antes, el Banco Central (Bcra) había dispuesto la liquidación del Banco Interamericano Regional (BIR), que compartía con el Banco Los Andes SA la mayor captación de depósitos. Ello derivó en una corrida bancaria. El Banco Los Andes SA necesitó un acuerdo con el Bcra y el 22 de abril de 1980 el Bcra propuso un convenio. El 24 de abril los Greco fueron a la sede del Bcra para suscribirlo, pero Martínez de Hoz cambió sus términos. Pretendía que los Greco suscribieran documentos de caución y prenda sobre todo el patrimonio del grupo, con cláusulas irrevocables de venta, y una solicitud para que el Bcra interviniera el Banco Los Andes SA.
Los Greco se negaron y un director del Bcra, de apellido Fuentes Rossi, les dijo “firmen o aténganse a las consecuencias”. Los Greco se negaron y salieron en busca de un restaurante, donde fueron privados ilegalmente de libertad por personal policial, en ese entonces encolumnado con fervor en el plan de exterminio y en los pingües negocios que el poder arbitrario les otorgaba. Transportados en un auto sin identificación, fueron llevados a Coordinación Federal de la Policía Federal, célebre por sus métodos mafiosos y su capacidad de hacer padecer a los cautivos. Trasladados a la Escuela de Policía Ramón Falcón, en Rosario y José María Moreno de la ciudad de Buenos Aires, el 26 de abril, por orden del Ministerio de Economía, el Bcra intervino el Banco Los Andes y el resto de las empresas del grupo.
Durante días estuvieron sin comer y orinando en una botella. En tales condiciones fueron obligados a firmar los documentos cediendo su patrimonio, los mismos que el Ministerio de Economía les había impuesto antes de ser detenidos. Los Greco firmaron, pero no recuperaron la libertad hasta 1984. Después de más de un mes, un funcionario del Bcra denunció a los Greco ante la Justicia de Mendoza por subversión económica.
Las razones de la acumulación de este proceso con el de los empresarios Gutheim radican en que en ambos casos los secuestros extorsivos se hicieron con el fin de desapoderar a empresarios de sus bienes, para generar un lucro ilegal, tanto a la dictadura como a grupos económicos afines a ella. En febrero de 2007, y ante la novedad de que Oyarbide declarara la inconstitucionalidad del indulto que había beneficiado a Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy, José Greco solicitó ser tenido como querellante.
La causa por el secuestro extorsivo de los miembros del grupo Greco tramitó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas, que en febrero de 2008 se declaró incompetente y envió el proceso al juez Norberto Oyarbide, por una causa preexistente relacionada con el caso y en la que se había dictado la prisión preventiva de Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz y Alejandro Reynal, entre otros. Por el transcurso del tiempo y la inacción judicial, fueron finalmente sobreseídos por prescripción de la acción penal.
Delitos que no prescriben. Rafecas consideró que los delitos de los que los Greco fueron víctimas eran de lesa humanidad, dado que se produjeron en un contexto de ataque sistemático a la población. Dijo que se trataba “de investigar la existencia de un plan sistemático, clandestino, coordinado por las fuerzas del Estado destinado a hostigar a los empresarios que en aquel momento no contaban con la protección del gobierno militar”, para lo cual utilizaron ilegalmente fuerzas de seguridad.
En un principio, Norberto Oyarbide no aceptó su competencia y dijo que las detenciones padecidas por los Greco habían sido legítimas, porque fueron puestos a disposición del PEN por vigencia del Estado de sitio. Esto se contradice con lo que resolvió en el caso Gutheim, en el que Videla y Harguindeguy están imputados justamente de haber firmado el decreto por el que se ordenaron sus detenciones.
Rafecas insistió en que se trataba de crímenes de lesa humanidad, le recordó a Oyarbide su decisión en el caso Gutheim y lo conminó a remover la prescripción dictada. De esta forma la causa quedó finalmente en el juzgado de Oyarbide. El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó la reapertura de la causa y propuso medidas.
Queda pendiente, entonces, que Oyarbide sostenga que se trató de un crimen de lesa humanidad y la acumulación al proceso de los Gutheim, para investigar el plan clandestino erigido con el fin de desapoderar de su patrimonio a empresarios que no eran dóciles a los objetivos de la dictadura.
Estos son algunos de los casos en los que los crímenes de lesa humanidad y la alegada lucha contra la subversión se relacionan en forma directa con los objetivos económicos de la dictadura y sus negocios espurios. El de Papel Prensa es otro, muy renombrado en estos días. La empresa pasó ilegalmente a manos de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, mediante el desapoderamiento de acciones que los usurpadores del poder arrancaron de Lidia Papaleo de Graiver –viuda del banquero muerto en extrañas circunstancias– que padeció las mazmorras de la dictadura, sus tormentos y las condiciones inhumanas de vida.
Mientras se aguarda un pronunciamiento acerca de la legalidad de esa operación y la consiguiente investigación judicial en el marco de crímenes de lesa humanidad, deberá analizarse la necesidad de que se hagan cesar los efectos del delito y los entuertos desencadenados como consecuencia del imperio de la arbitrariedad más abyecta y la consiguiente afectación de la libertad de prensa a raíz de estos crímenes de lesa humanidad.
http://sur.elargentino.com/notas/el-estadista-de-la-patria-financiera
