Desde 1975 comenzó en la Argentina la etapa de alta inflación, a partir del “rodrigazo”, plan de ajuste externo y fiscal que a pesar de las alzas brutales de precios (en un sólo mes, junio, la nafta subió 181% y la carne 36% mientras la tasa anual alcanzaba el 400%) no logró la redistribución regresiva del ingreso que procuraba, debido a la resistencia de los sindicatos. Durante la dictadura militar, a pesar de los principios monetaristas que la inspiraban en el combate contra la inflación (primer discurso de Martínez de Hoz), no se registró ninguna reducción de la emisión. En cambio, se apeló a una fuerte disminución del gasto público y a una drástica caída en uno de los precios, los salarios, logrando bajar momentáneamente el proceso inflacionario, pero siempre dentro de los tres dígitos. La política de Martínez de Hoz implicaba un grado importante de inflación reprimida. En este caso, las variables reprimidas eran los salarios y el tipo de cambio: el Estado había fijado un nivel salarial artificialmente bajo y un tipo de cambio que otorgaba al peso argentino un valor por encima de la paridad. La inflación se alimentaba ahora nuevamente por el endeudamiento externo y la especulación financiera. Los mercados de oferta se volvieron más rígidos y concentrados porque el cierre de industrias primarizó el aparato productivo.
El crecimiento exponencial de la deuda en divisas añadió una presión extraordinaria sobre la restricción externa al crecimiento. Por eso no es extraño que la recesión se prolongara a toda la década de 1980, y que la inflación se agudizara hasta transformarse en hiperinflación (se considera como tal aumentos del nivel general de precios superiores al 50% mensual). En verdad, existieron dos hiperinflaciones con orígenes y derivaciones bien diferentes. La primera ocurrió en 1989, cuando los precios al consumidor aumentaron 3.079% (comparando el índice de precios al consumidor con el del año anterior). Especialmente, en el segundo trimestre los incrementos se aceleraron (mayo 78,5%, junio 115%, julio 197 por ciento).
Esta inflación siguió a la ruptura abrupta del último plan de ajuste del gobierno de Alfonsín, el Plan Primavera. Muchos atribuyen esta hiperinflación al resultado de un golpe de mercado, incluyendo una rebelión fiscal, con el fin de modificar el cauce político, como efectivamente ocurrió. También es cierto que las reservas internacionales del Banco Central estaban exangües y que el gobierno carecía de los recursos para enfrentar los abultados vencimientos de la deuda pública que se avistaban en el horizonte cercano.
La segunda hiperinflación tuvo lugar entre enero y marzo de 1990, año en que alcanzó al 2.314 por ciento. Esta vez comenzó con una corrida cambiaria en diciembre de 1989, luego de que un diario financiero revelara que el gobierno lanzaría un plan de dolarización. En enero, los depósitos bancarios fueron congelados y transformados en bonos externos (Plan Bonex). Esto “limpió el terreno” sobre el que un año más tarde el gobierno lanzó el plan de convertibilidad.
La hiperinflación es comparable a la guerra, porque predispone a la población a aceptar medidas que antes hubiera rechazado, con tal de poner fin a la traumática experiencia. Tal efecto operó sobre la sociedad argentina, que en 1991 reinició un ciclo similar a los de la etapa agroexportadora, en el que los auges y las depresiones volvieron a enlazarse con los movimientos internacionales de capitales.
El tipo de cambio fijo contuvo la inflación, pero causó otros desequilibrios, como la sobrevaluación del peso, la desindustrialización, elevado desempleo y duplicación de la deuda pública en divisas. A partir de 1999 comenzó la deflación, que se prolongó hasta el 2001 inclusive, mientras el producto bruto se contraía sin pausa y aumentaban el desempleo la pobreza y la indigencia. La devaluación del primer semestre del 2002, que triplicó el tipo de cambio, se trasladó gradualmente a los precios al consumidor –cuyo índice aumentó un 25,6% mientras que el desempleo afectaba casi a la cuarta parte de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en el 2003 y el 2004 los índices de precios disminuyeron abruptamente (13,4% y 4,4%, respectivamente) como resultado de la recuperación económica basada en una producción que aprovechaba la capacidad instalada excedente, el bajo nivel salarial y la existencia de una fuerte masa de desocupados, aunque el gobierno diera por decreto algunos aumentos de salarios para los sectores más castigados.
En el 2005 el índice de precios minoristas aumentó un 9,6%, por la combinación de la suba de los precios internacionales de las materias primas, el traslado a los precios de los aumentos salariales, y la recomposición de los márgenes de ganancia de las empresas, especialmente en los sectores más concentrados, toda vez que el producto bruto continuaba creciendo a tasas del 8 al 9 por ciento anual. El crecimiento se mantuvo al mismo ritmo del 2006 al 2008, aunque los índices de inflación comenzaron a ser cuestionados con cierta razón y surgieron estimaciones extraoficiales tanto o más vidriosas que las gubernamentales, porque no revelan su metodología.
De todos modos, en los casos de altas tasas de crecimiento siempre existe algún grado de inflación, pero un factor esencial que la agrava es el monopolio que ciertas empresas tienen sobre sus mercados. Como lo ha señalado muy bien la famosa economista Joan Robinson: “Si las empresas practican una política de competencia y disminuyen sus precios de manera de vender más, las tasas de salarios reales y la utilización de las capacidades existentes estarán a un nivel más alto que si esas empresas siguen con sus políticas monopolistas y procuran mantener, o incluso aumentar, sus márgenes brutos”.
La actual crisis internacional enfrió la actividad económica, y también los precios. El pronóstico de inflación oficial contenido en el presupuesto nacional prevé un 6,1% para todo el año; los pronósticos privados muestran una gran dispersión. Pero en relación con el pasado la inflación se mantiene en niveles muy moderados. Especialmente, habida cuenta de que la rigideces de la de oferta persisten y que los mercados se volvieron todavía más concentrados, en la Argentina y en el mundo. También persiste la restricción externa, No puede soslayarse que la deuda externa todavía es elevada y sus servicios son demandantes de moneda internacional, como también lo es la remuneración del capital extranjero radicado en el país. Pero no se advierte desmesura monetaria o fiscal que encienda luces amarillas, ni tampoco atraso cambiario que incube las peores pesadillas de desempleo, recesión y deuda, como en el pasado.
Un recordado periodista económico, Enrique Silberstein, que no carecía del sentido del humor que hoy les falta a muchos de sus colegas en los medios, cuyos anuncios dramáticos anticipan las desgracias que se nos vienen encima, decía en los años ’70: “Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno (y todo ministro de Economía) lo primero que promete es combatir la inflación (…) Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias (…) nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”.
http://www.elargentino.com/nota-81274-Los-grandes-debates-del-Bicentenario-la-inflacion.html
