El sistema impone límites a las pretensiones de la oposición Por Alejandro Horowicz

Pocas veces la política argentina estuvo más enmarañada. La oposición amenaza con decidir la nulidad de un decreto de necesidad y urgencia rechazándolo en ambas Cámaras legislativas. Nunca había ocurrido. La oposición pareciera arrastrar al Gobierno sin que ningún límite, ni institucional ni político, se ponga en juego. ¿Hasta dónde puede ir la oposición? ¿Hasta dónde le permitirá ir el Gobierno? Ése es exactamente el problema, y debe ser pensado. La idea de que en un sistema presidencialista el Congreso puede elaborar una política alternativa, no parecería adecuada. Es más, el presidencialismo tiene por objeto explícito que el Congreso fiscalice el presupuesto, y su amenaza límite pasa por negarle al Ejecutivo la sanción de uno nuevo, con lo que lo obligaría a utilizar el anterior ajustado por inflación. Ese límite impediría al Gobierno iniciar nuevos proyectos, no tiene cómo financiarlos, así como modificar el orden de prioridades pautado. Como la política es una actividad donde la ejecución y la reflexión no pueden tener rotos los puentes comunicantes, ese instrumento sirve para impedir, limitar, evitar el desmadre
del Ejecutivo.

Jugada esa baza se inician una serie de tratativas para acordar una salida negociada; esto es, el choque de intereses al interior del bloque dominante se salda mediante una trabajosa ingeniería sistémica. Ahora bien, existe una posibilidad extrema: dejar al Gobierno sin sustento legal, o en todo caso, empujarlo hacia la zona gris donde la legalidad se convierte en una cuestión vidriosa.

Para que tal cosa sea posible, ya que conceptualmente no resulta imposible, es preciso que el bloque de clases dominantes sienta que el gobierno en cuestión ataca sus intereses básicos, y que por tanto un formidable torniquete jurídico lo puede volver a poner en caja. A modo de ilustración: si durante el conflicto campero los bancos hubieran respaldado la dinámica de la lucha de calles, el Gobierno no sólo hubiera reculado sino que la oposición hubiese exhibido un programa común que espejaría esa nueva orientación social. En cambio, la propuesta se redujo a derogar –y ni siquiera lograron definir el cómo– el sistema de retenciones. Una cosa era impedir que la renta extraordinaria se transformara en divisas del Banco Central, y que se terminaran fugando al sistema bancario internacional a pesar de la crisis, y otra desfinanciar estructuralmente al Estado.

Esa posibilidad puede agradar más o menos a la oposición, pero no integra los intereses del bloque de clases dominantes. Y desde el momento en que no los integra, el sistema de partidos referenciados en ese orden tiene vedado avanzar en esa dirección. Salvo que decida suicidarse.

Pues bien, la dificultad para que la oposición sea algo más que un conglomerado que vota contra el Gobierno, no remite tan sólo a un problema de jefaturas personales. La ausencia de tales jefaturas, la escandalosa medianía personal de los eventuales postulantes, y sobre todo la falta de proyecto alternativo –por más mínimo que resulte– marca que detrás de la oposición solo hay votos, y no alineamientos empresariales. Para que la avalancha opositora abandone la tapa de los diarios y se transforme en nuevo rumbo, el bloque de clases dominantes –o al menos un segmento significa-
tivo de sus integrantes– deben auspiciar ese comportamiento.

Esto no parecería suceder, al menos por ahora. El grupo Clarín defiende su lugar en un negocio, pero está un poco lejos de expresar en sus frenéticos títulos intereses colectivos. Para que semejante tesitura prospere el Poder Judicial debería actuar de otro modo. Es cierto que a muchos funcionarios de la familia tribunalicia las declaraciones de Cristina Fernández le cayeron grueso. Pero la idea de judicializar la política ha sido rechazada por la Suprema Corte, con un fallo donde evita pronunciarse sobre la naturaleza eminentemente política del diferendo. Es que el debate sobre la creación o no de un fondo especial dedicado a pagar los títulos en default, tras la trabajosa negociación con sus tenedores y tras la derrota judicial de los fondos buitre en los Estados Unidos, muestra el límite de la oposición. Esa es la legalidad sistémica. No estoy emitiendo un juicio de valor sobre su funcionamiento, sólo describo su
lógica operativa.

Para que se entienda: en el 2001 la discusión de pagar o no pagar había quedado muy atrás. No había cómo pagar, entre otras cosas porque la fuga de divisas durante el último año de la convertibilidad volvió imposible hacerlo. Esa no es una discusión ideológica, sino una de orden práctico. En cambio, que un gobierno que cuenta con fondos suficiente no honre la deuda tiene otro carácter. La idea de que la oposición obligue al Gobierno a endeudarse –ya sea con los organismos financieros internacionales, ya sea con la banca privada– sólo puede surgir de la cabeza de un lobbyista, en todo caso la crisis global mostró que los bancos son intocables para los jugadores sistémicos. Todo el salvataje estuvo y esta referenciado en satisfacer sus intereses y necesidades, de modo que los que crucen ese Rubicon –Martín Redrado, que conoce el palo, explicó que
el interés de los bancos pasa por cobrar– descubrirán que el mundo es ancho y ajeno.

Un viejo chistedel Negro Fontanarrosa aclara los tantos: el boxeador, finalizado el quinto round le pregunta a su manager:
–¿Cómo vamos?
–Acá muy mal, pero en la radio fenómeno.

Esa dicotomía tiene un límite preciso: la realidad. Y la realidad indica que la política de la oposición funciona en la tapa de los diarios amigos.http://www.elargentino.com/nota-81275-El-sistema-impone-limites-a-las-pretensiones-de-la-oposicion.html