Pero esto no será sencillo ya que viendo el resultado de la Resolución 125 en el Congreso Nacional el año pasado, cuando se tocaba en un 10% la rentabilidad de la soja, es esperable que al obligar a rotar o a disminuir la siembra de soja, que en la práctica trae menos renta en el plazo inmediato para los productores, éstos reaccionen de manera similar.
En lo referido a la cuestión técnica no hay ninguna duda que la sojización tiende al monocultivo. Es más, ¿cuándo corresponde ser considerado un país monocultivador? Por ejemplo, en números absolutos, en la actualidad se cultivan 20 millones de hectáreas de soja, contra apenas 3 de trigo y 2 de maíz.
Desde que empezó la siembra de esta oleaginosa utilizando un litro de glifosato de promedio por hectárea, se llega actualmente en algunos casos a usar de 10 a 12 litros. Esto incrementa el deterioro del suelo, junto con la siembra directa que deja de roturar la tierra aunque en un comienzo se pretendía que era “conservacionista”.
Para poder reglamentar el cuidado de los suelos, se deberán hacer leyes muy fuertes a través de un fortalecimiento importante del Estado como lo fue la Junta Nacional de Granos. Sin embargo hoy en día eso es tender una socialización de la producción lo que presupone mayores obstáculos políticos. En cuanto al la ley de arrendamiento hay que tener en cuenta que cuando nació la Federación Agraria, el arrendamiento tenía el sentido de proteger al campesino sin tierra para que pudiera trabajar y producir, para resguardarlo de los propietarios y no caer en una relación feudal. Hoy el arrendamiento se centra en los grandes productores y en los pooles de siembra, que en realidad son ellos mismos. Lo importante es apuntar a cambiar la ley del mercado, para lo que es imprescindible una política muy firme desde el Estado.
