El fin y los medios
La nueva ley audiovisual es una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas y de la recuperación del impulso transformador por parte de CFK. Igual que las retenciones al comercio exterior de oleaginosas y la estatización del sistema previsional responde a la dinámica de un proceso político que ha producido una fuerte resistencia del complejo agromediático.
La aprobación en el Senado de la nueva ley reguladora de la comunicación audiovisual por 44 a 24, a un suspiro de los dos tercios de los presentes, constituye una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas, en los términos del conciso discurso del senador pampeano Rubén Marín. Esto marca una recuperación nítida del impulso transformador que fundamentó los mayores logros del primer kirchnerismo y señala la presencia de una movilización social diversa y profunda como limitadora de los lobbies del poder corporativo. También constituye un éxito personal de la presidente CFK, quien diseñó la estrategia participativa que involucró en la cuestión a sectores académicos, profesionales, culturales y artísticos que vienen reclamando una ley de estas características desde hace muchos años, mientras los sucesivos gobiernos anteriores al actual preferían las negociaciones de trastienda con los grupos multimediáticos. Esto ocurrió pese a todas las presiones que los medios ejercieron sobre el senador jujeño Guillermo Jenefes, para que, como dijo en el recinto, traicionara sus convicciones y su militancia en el partido justicialista.
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El papel de la prensa
Un día antes de que el Senado tratara la ley, La Nación y Clarín denunciaron que el gobierno se propone controlar la prensa escrita, apoderándose del suministro de papel. Esta decisión habría sido transmitida por el buen salvaje a los representantes estatales en la empresa mixta en la que Clarín posee el 43 por ciento de las acciones, La Nación el 28,49 por ciento y el Estado Nacional el 28,51 por ciento en una tempestuosa reunión que se habría realizado el 14 de setiembre. Dos semanas después uno de esos funcionarios estatales, el síndico Carlos Collaso, que hace muchos años ejerce el control público sobre Papel Prensa, narró lo que allí se habría dicho a un escribano. Clarín presentó el acta a la justicia. La denuncia incluía amenazas brutales, más propias de un comic o un policial de serie B que de una discusión política. El nudo de las afirmaciones atribuidas a Guillermo Moreno consiste en el presunto propósito del gobierno nacional de comprar o expropiar la parte privada de Papel Prensa, hipótesis que repitieron algunos senadores radicales al día siguiente en el recinto. Clarín y La Nación adquirieron su participación en los meses que siguieron al golpe militar de marzo de 1976. El banquero David Graiver murió en un sospechoso accidente de aviación en agosto; en noviembre, con el beneplácito expreso de la junta militar, esos diarios adquirieron las acciones que quemaban en las manos de los asustados familiares de Graiver.
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Vender, no comprar
El Estatuto de la empresa, de 1972, dice en su artículo 8 que “las acciones del Estado Nacional deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual resulte mayor, en el término de diez (10) años en cuotas anuales y consecutivas” y si no lo hicieran el Estado podría venderlo a otros inversores nacionales. Sin embargo hasta el día de hoy el Estado no ha podido desprenderse de esas tenencias y, como socio bobo, financia las ganancias de sus socios privados.
El socio capitalista
Esta participación forzada del Estado en una empresa en la que ya cumplió su función de fomento y no tiene nada más que hacer, implica una subvención que desde 2007 los representantes del Estado observan al analizar el balance en la asamblea de accionistas. Su argumento es que Papel Prensa tiene quebrantos y no cumple su plan de inversiones porque transfiere las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz del reclamo estatal, la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago. Bastó que el Estado reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo del año pasado, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución 125. La participación estatal en Papel Prensa fue tratada en agosto de 1978 por la misión que envió la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que agrupa a los dueños de periódicos del continente. Su informe expresó “graves reservas” sobre el proyecto de Papel Prensa, en el que los diarios “compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar” y advirtieron sobre el peligro de que “esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. Al informar sobre la misión de la SIP, Clarín destacó con negritas el párrafo sobre “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”.
Del Centro a Castelar
Julián Domínguez asumió el nuevo ministerio de Agricultura y su primera actividad fue recibir a las cámaras patronales agropecuarias. Les dijo que entendía el rol estatal como regulador y subsidiario y cerró cualquier posibilidad de discutir las retenciones al comercio exterior de oleaginosas, que además de un pilar de la política económica es también un símbolo de la autonomía estatal frente a los intereses corporativos. En todo lo demás la posibilidad de acordar es alta. Como garante de ello actuó un gran empresario de la soja transgénica y pionero de los pools de siembra y los fondos fiduciarios, Eduardo Serantes. Su muda asistencia al encuentro (“una hora de presentación y acuerdo sobre la metodología”) fue acordada por el gobierno con el obispo de San Isidro, Alcides Jorge Pedro Casaretto, a quien Serantes acompaña en la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y ambos apoyaron con entusiasmo las movilizaciones patronales de 2008 y 2009. El martes el ministro atenderá en el INTA de Castelar, el principal organismo técnico del Estado en la materia, donde es posible que instale su despacho en forma permanente. El miércoles pondrá en funcionamiento junto con el jefe de gabinete Aníbal Fernández la Mesa Agropecuaria Nacional, con participación de los distintos sectores, y el jueves reunirá por primera vez a los ministros de agricultura de todas las provincias en el Consejo Federal, que hace dos años no es convocado. Ese Consejo sesionará cada 30 días en forma rotativa en las distintas provincias. Allí se impulsará que cada ministro organice su propia mesa de trabajo y su Consejo Provincial, con representantes de los municipios. Dentro de diez días será el turno de las 21 universidades nacionales, con las que comenzará a discutir un plan estratégico agropecuario. La idea es dejar de lado el debate político y discutir la cuestión agropecuaria, con una participación creciente de la gobiernos provinciales y municipales.
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Redimensionamiento
Esto implicaría redimensionar la significación del sector agropecuario y de la agroindustria en el conjunto de la economía argentina, exaltada por el complejo agromediático como decisiva. Un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el equipo de investigación económica social de la CTA, coordinado por Eduardo Basualdo, sostiene que el conflicto por las retenciones móviles es parte de una discusión más profunda sobre el patrón de especialización que debería adoptar el país en los próximos años. El trabajo, en el que participaron Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal, sostiene que entre 2002 y 2008 el complejo agroalimentario representó en promedio el 15,3% del valor agregado (PBI) generado en la economía argentina a precios corrientes ( 8,9% la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 6,4% los sectores industriales asociados). El año pasado el complejo alimentario en términos del PIB fue superior al conjunto de las demás ramas industriales. Pero sólo ocupó a 650 mil personas, contra 850 mil trabajadores en las otras ramas del tejido manufacturero. Contra la jactancia de los discursos de los gordos de la Mesa de Enlace, también fue limitada la contribución del complejo agroalimentario al crecimiento de la economía en la post-convertibilidad: se expandió a una tasa anual acumulativa del 5,1% mientras el conjunto de la economía creció el 8,5% anual. Este crecimiento fue liderado por la industria manufacturera que creció a un 9,4% anual y dentro de ella las ramas que no pertenecen al complejo agroalimentario el 10,8%. Como consecuencia de esas menores tasas de expansión el complejo agroalimentario contribuyó en forma marginal al crecimiento de la economía durante este período: apenas el 5,9% del crecimiento económico entre 2002 y 2008 se explica por su aporte, mientras las ramas de la industria manufacturera no pertenecientes al complejo agroalimentario aportaron el 14,2% . A pesar de este reducido dinamismo, el sector agroalimentario mantuvo su preponderancia como el principal proveedor de divisas de la economía argentina e incrementó su participación en las exportaciones, del 52,2% en 2002 al 57,3% en 2008. Esta pérdida de importancia relativa del complejo agroalimentario no fue reemplazada por un incremento sustancial de las exportaciones de origen industrial sino por otras producciones primarias, como combustibles y energía, que pasaron de representar un 9,4% de las exportaciones totales en 1993 a un 18,0% en 2001. Las conclusiones de CIFRA son que la exigua capacidad de generar valor agregado y empleo incluso en los años de mayor crecimiento, demuestra la incapacidad del complejo agroalimentario para convertirse en eje de un nuevo patrón de acumulación de capital que permita incluir progresivamente a los sectores sociales excluidos, en contradicción con su creciente peso político. Por el contrario, acentuará aún más la elevada exclusión social.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-133281-2009-10-11.html