Los bancarios argentinos nunca dudamos en advertir sobre las consecuencias de la desregulación financiera que se fue imponiendo en el mundo desde mediados de los ’70, desconociendo las enseñanzas de la crisis de 1929.
Lo hicimos como pudimos, como cuando José Alfredo Martínez de Hoz, utilizando la cruel dictadura instaurada en 1976, impuso la “liberalización” del sistema financiero argentino con la ley 21.526, como eje de la política económica neoliberal que propició la valorización especulativa del capital en detrimento del desarrollo de la economía real. El retorno al régimen constitucional encontró a la Asociación Bancaria insistiendo en reclamar la revisión de esa ley, y de una reforma real del sistema, ante gobiernos que, en lo esencial, adscribieron –más allá de los discursos– a esas políticas neoliberales. Muchas intervenciones y proyectos presentados ante los distintos gobiernos, ante el Congreso y ante la sociedad tuvieron como protagonista a la Asociación Bancaria. También se le anticipó al presidente electo en el 2003, Néstor Kirchner, sobre las consecuencias de no reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que pretende que el presidente de la entidad esté por encima del titular del Poder Ejecutivo nacional.
No lo hicimos solamente con discursos. Los bancarios, del sector público y del sector privado, movilizados, en la calle, ejerciendo el derecho de huelga en los lugares de trabajo enfrentamos, las más de las veces en solitario, con triunfos y con derrotas, las privatizaciones de los bancos públicos, insistiendo que la privatización, la desregulación y la dictadura de quienes se ocultan tras el eufemismo del “mercado” nos llevaban a un desastre.
Muy concreta fue nuestra resistencia a la Carta Orgánica que, de la mano de Cavallo, erigió al Banco Central en un “caballo de Troya” dentro del Estado. Juntamos más de un millón de firmas en reclamo de una consulta popular para poner límite a los intentos de privatizar al Banco Nación. Muchas fueron las jornadas en defensa del Banco Provincia de Buenos Aires, del Ciudad, de los bancos provinciales, de la Caja, del Banade –cuya ausencia se sigue lamentando–, del Hipotecario, donde se comprueba que la gestión privada no es eficaz en función del objetivo declarado. Miles de bancarios nos movilizamos, en fin, frente al Congreso con la consigna de la reforma de la ley de Martínez de Hoz una y otra vez durante el 2002.
Y mientras sosteníamos la necesidad, aún no resuelta, de legislar específicamente en materia penal financiera, miles de bancarios hicimos escuchar nuestra oposición e indignación cuando para salvar a los responsables del desastre se derogó la denominada Ley de Subversión Económica. Los resultados de ese “continuismo” llevado a su máxima expresión en el período 1989-2001 son de sobra conocidos: el desempleo, la desindustrialización, la miseria, un colosal endeudamiento, la concentración y extranjerización de los principales grupos económicos; en definitiva, el quebranto sin precedentes del 2001. Todo ello en beneficio de pocos y codiciosos, que a la hora del desastre socializaron las terribles consecuencias.
Aún sin reforma. El 2001 fue anticipatorio de la crisis mundial desatada en el 2007, que originada en la crisis de las hipotecas subprime conmovió al mundo. Desde entonces todos hablan de la urgencia de reformular y regular el sistema financiero. Sin embargo, los resultados son muy pocos. Atravesado ese difícil período gracias a una fenomenal inyección de recursos de los Estados, es decir de la sociedad, los responsables comenzaron a hacerse los distraídos, aletargados por los informes falsos de las calificadoras de riesgo. Ahora, la brutal recidiva europea los ha vuelto a la realidad, y hoy el tema de nuevas regulaciones es centro de los debates en el Congreso de los Estados Unidos. Está a la vista que la crisis es sistémica, que la respuesta pasa por reformas reales y profundas, no por simple cosmética.
Pero en nuestro caso, más allá de discursos, en materia legislativa debemos decir que aún no hemos sido escuchados. La ley 21.526 de la dictadura y Martínez de Hoz, sigue en lo esencial vigente; la Carta Orgánica del Banco Central sigue garantizándonos inaceptables dolores de cabeza (primero, Prat Gay; recientemente, Redrado).
Si bien estamos avanzando con hechos positivos para cambiar la realidad financiera –por algo hemos resistido a las consecuencias de la crisis del 2007 y a la fuga ingente de capitales que se dio desde entonces–, los esfuerzos distan mucho de ser ordenados y sistemáticos. Sobre todo en materia de banca de desarrollo e hipotecaria. Lo decimos todos los días: millones de argentinos no tienen servicios bancarios o crédito hipotecario, decenas de miles de pequeños emprendedores carecen de crédito.
Es que en los hechos la “matriz” del sistema sigue siendo especulativa, mientras se obstinan en negar el carácter de servicio público del sistema financiero. Cuestión que debe, de una vez por todas, quedar explícita en la legislación, puesto que como avisaba el genial Arturo Jauretche “…si crear moneda es una función del Estado, que éste debe vigilar cuidadosamente para adecuarla a las necesidades del mercado, no es explicable que se pretenda que crear crédito, que es crear mucha más moneda, es actividad privada”.
Propuestas. El proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Heller es valioso puesto que plantea al sistema precisamente como servicio público, proponiendo enfocarlo desde la perspectiva de los usuarios.
Pronto la Asociación Bancaria publicará sus propias ideas y el proyecto de ley de entidades, basándose en su experiencia y en sus anteriores iniciativas. Sabemos que este debate es urgente, a la luz de las necesidades de inversión de la economía argentina y de adquirir mayores grados de libertad frente a la crisis.
Creemos necesarias regulaciones específicas y claramente diferenciadas para la banca pública, privada –según su integración societaria: sociedades anónimas, cooperativas, cajas de crédito, mutuales– local, extranjera (es hora de que ofrezca garantías suficientes), supervisión del sistema y control de capitales. No es posible que el sistema, indudablemente un servicio público, esté en gran parte en negro o en gris. Allí hay evasión y costos que afectan a la economía.
No es prudente que se pretenda equiparar a la banca pública, por la que siempre responde el Estado, con la banca privada local. No nos olvidamos del mal ejemplo de las compensaciones por la pesificación. Las pagamos todos los argentinos. Los requisitos deben existir para todos, pero no necesariamente deben ni pueden ser los mismos, pues no cabe duda de que la banca estatal ofrece mayores garantías.
No basta con un código de conducta –que responde al principio neoliberal de autorregulación que llevó al mundo al desastre– para garantizar los derechos de los usuarios. Bien sabemos, además, que la legislación en defensa del consumidor no es siempre eficaz o que el hombre de trabajo no puede la mayoría de las veces invertir el tiempo necesario para las denuncias y reclamos.
El ciudadano, el cliente, el ahorrista, debe tener garantizado el derecho a la información fidedigna, comprensible, adecuada, profesional, para decidir. Salvo excepciones como la de bancarios provenientes del Banade, hoy en Banco Nación, no hay en los bancos privados, y falta también en los públicos, capacidad para evaluar proyectos de inversión o planes de negocio que necesitan de crédito de largo plazo. Bien se sabe que esto es fundamental para garantizar el éxito y evitar el riesgo.
Pues bien: información fidedigna, evaluación y seguimiento profesionales dependen de bancarios capacitados, y con estabilidad. Es que sin estabilidad y sin carrera bancaria pautada, sin la garantía del sumario previo para un despido con causa, el bancario –sea cajero, oficial comercial, analista o gerente– queda sometido a las presiones. Presiones para vender más que conllevan, a veces, presiones para no destacar o negar parte de la información que el cliente necesita para decidir qué le conviene, en materia de crédito, de inversión o de ahorro. Los años anteriores a la crisis del 2001 están llenos de ejemplos (con videos incluidos). Presiones que se convierten en amenazas de despido e inadmisibles despidos disciplinadores.
Que no quepa duda: información y evaluaciones fidedignas suficientes dependen de bancarios con estabilidad, ese respaldo –que limita el temor al despido si el bancario “no produce”– es el que garantiza usuarios informados para decidir bien y evaluaciones correctas del riesgo para las inversiones de largo plazo.
* Secretario de Prensa de la Asociación Bancaria
http://www.elargentino.com/nota-95962-Por-una-reforma-real-del-sistema-financiero-argentino.html
Lo hicimos como pudimos, como cuando José Alfredo Martínez de Hoz, utilizando la cruel dictadura instaurada en 1976, impuso la “liberalización” del sistema financiero argentino con la ley 21.526, como eje de la política económica neoliberal que propició la valorización especulativa del capital en detrimento del desarrollo de la economía real. El retorno al régimen constitucional encontró a la Asociación Bancaria insistiendo en reclamar la revisión de esa ley, y de una reforma real del sistema, ante gobiernos que, en lo esencial, adscribieron –más allá de los discursos– a esas políticas neoliberales. Muchas intervenciones y proyectos presentados ante los distintos gobiernos, ante el Congreso y ante la sociedad tuvieron como protagonista a la Asociación Bancaria. También se le anticipó al presidente electo en el 2003, Néstor Kirchner, sobre las consecuencias de no reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que pretende que el presidente de la entidad esté por encima del titular del Poder Ejecutivo nacional.
No lo hicimos solamente con discursos. Los bancarios, del sector público y del sector privado, movilizados, en la calle, ejerciendo el derecho de huelga en los lugares de trabajo enfrentamos, las más de las veces en solitario, con triunfos y con derrotas, las privatizaciones de los bancos públicos, insistiendo que la privatización, la desregulación y la dictadura de quienes se ocultan tras el eufemismo del “mercado” nos llevaban a un desastre.
Muy concreta fue nuestra resistencia a la Carta Orgánica que, de la mano de Cavallo, erigió al Banco Central en un “caballo de Troya” dentro del Estado. Juntamos más de un millón de firmas en reclamo de una consulta popular para poner límite a los intentos de privatizar al Banco Nación. Muchas fueron las jornadas en defensa del Banco Provincia de Buenos Aires, del Ciudad, de los bancos provinciales, de la Caja, del Banade –cuya ausencia se sigue lamentando–, del Hipotecario, donde se comprueba que la gestión privada no es eficaz en función del objetivo declarado. Miles de bancarios nos movilizamos, en fin, frente al Congreso con la consigna de la reforma de la ley de Martínez de Hoz una y otra vez durante el 2002.
Y mientras sosteníamos la necesidad, aún no resuelta, de legislar específicamente en materia penal financiera, miles de bancarios hicimos escuchar nuestra oposición e indignación cuando para salvar a los responsables del desastre se derogó la denominada Ley de Subversión Económica. Los resultados de ese “continuismo” llevado a su máxima expresión en el período 1989-2001 son de sobra conocidos: el desempleo, la desindustrialización, la miseria, un colosal endeudamiento, la concentración y extranjerización de los principales grupos económicos; en definitiva, el quebranto sin precedentes del 2001. Todo ello en beneficio de pocos y codiciosos, que a la hora del desastre socializaron las terribles consecuencias.
Aún sin reforma. El 2001 fue anticipatorio de la crisis mundial desatada en el 2007, que originada en la crisis de las hipotecas subprime conmovió al mundo. Desde entonces todos hablan de la urgencia de reformular y regular el sistema financiero. Sin embargo, los resultados son muy pocos. Atravesado ese difícil período gracias a una fenomenal inyección de recursos de los Estados, es decir de la sociedad, los responsables comenzaron a hacerse los distraídos, aletargados por los informes falsos de las calificadoras de riesgo. Ahora, la brutal recidiva europea los ha vuelto a la realidad, y hoy el tema de nuevas regulaciones es centro de los debates en el Congreso de los Estados Unidos. Está a la vista que la crisis es sistémica, que la respuesta pasa por reformas reales y profundas, no por simple cosmética.
Pero en nuestro caso, más allá de discursos, en materia legislativa debemos decir que aún no hemos sido escuchados. La ley 21.526 de la dictadura y Martínez de Hoz, sigue en lo esencial vigente; la Carta Orgánica del Banco Central sigue garantizándonos inaceptables dolores de cabeza (primero, Prat Gay; recientemente, Redrado).
Si bien estamos avanzando con hechos positivos para cambiar la realidad financiera –por algo hemos resistido a las consecuencias de la crisis del 2007 y a la fuga ingente de capitales que se dio desde entonces–, los esfuerzos distan mucho de ser ordenados y sistemáticos. Sobre todo en materia de banca de desarrollo e hipotecaria. Lo decimos todos los días: millones de argentinos no tienen servicios bancarios o crédito hipotecario, decenas de miles de pequeños emprendedores carecen de crédito.
Es que en los hechos la “matriz” del sistema sigue siendo especulativa, mientras se obstinan en negar el carácter de servicio público del sistema financiero. Cuestión que debe, de una vez por todas, quedar explícita en la legislación, puesto que como avisaba el genial Arturo Jauretche “…si crear moneda es una función del Estado, que éste debe vigilar cuidadosamente para adecuarla a las necesidades del mercado, no es explicable que se pretenda que crear crédito, que es crear mucha más moneda, es actividad privada”.
Propuestas. El proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Heller es valioso puesto que plantea al sistema precisamente como servicio público, proponiendo enfocarlo desde la perspectiva de los usuarios.
Pronto la Asociación Bancaria publicará sus propias ideas y el proyecto de ley de entidades, basándose en su experiencia y en sus anteriores iniciativas. Sabemos que este debate es urgente, a la luz de las necesidades de inversión de la economía argentina y de adquirir mayores grados de libertad frente a la crisis.
Creemos necesarias regulaciones específicas y claramente diferenciadas para la banca pública, privada –según su integración societaria: sociedades anónimas, cooperativas, cajas de crédito, mutuales– local, extranjera (es hora de que ofrezca garantías suficientes), supervisión del sistema y control de capitales. No es posible que el sistema, indudablemente un servicio público, esté en gran parte en negro o en gris. Allí hay evasión y costos que afectan a la economía.
No es prudente que se pretenda equiparar a la banca pública, por la que siempre responde el Estado, con la banca privada local. No nos olvidamos del mal ejemplo de las compensaciones por la pesificación. Las pagamos todos los argentinos. Los requisitos deben existir para todos, pero no necesariamente deben ni pueden ser los mismos, pues no cabe duda de que la banca estatal ofrece mayores garantías.
No basta con un código de conducta –que responde al principio neoliberal de autorregulación que llevó al mundo al desastre– para garantizar los derechos de los usuarios. Bien sabemos, además, que la legislación en defensa del consumidor no es siempre eficaz o que el hombre de trabajo no puede la mayoría de las veces invertir el tiempo necesario para las denuncias y reclamos.
El ciudadano, el cliente, el ahorrista, debe tener garantizado el derecho a la información fidedigna, comprensible, adecuada, profesional, para decidir. Salvo excepciones como la de bancarios provenientes del Banade, hoy en Banco Nación, no hay en los bancos privados, y falta también en los públicos, capacidad para evaluar proyectos de inversión o planes de negocio que necesitan de crédito de largo plazo. Bien se sabe que esto es fundamental para garantizar el éxito y evitar el riesgo.
Pues bien: información fidedigna, evaluación y seguimiento profesionales dependen de bancarios capacitados, y con estabilidad. Es que sin estabilidad y sin carrera bancaria pautada, sin la garantía del sumario previo para un despido con causa, el bancario –sea cajero, oficial comercial, analista o gerente– queda sometido a las presiones. Presiones para vender más que conllevan, a veces, presiones para no destacar o negar parte de la información que el cliente necesita para decidir qué le conviene, en materia de crédito, de inversión o de ahorro. Los años anteriores a la crisis del 2001 están llenos de ejemplos (con videos incluidos). Presiones que se convierten en amenazas de despido e inadmisibles despidos disciplinadores.
Que no quepa duda: información y evaluaciones fidedignas suficientes dependen de bancarios con estabilidad, ese respaldo –que limita el temor al despido si el bancario “no produce”– es el que garantiza usuarios informados para decidir bien y evaluaciones correctas del riesgo para las inversiones de largo plazo.
* Secretario de Prensa de la Asociación Bancaria
