Jorge Muracciole
Las medidas impuestas para el rescate de Grecia por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE) han soliviantado a miles de personas de este país mediterráneo. Las protestas, que tuvieron su punto culminante en la huelga general del 5 de mayo, pretendían evitar que el Parlamento heleno aprobase unas medidas destinadas a salvaguardar los beneficios de la elite financiera local e internacional. Pero la topadora neoliberal no tuvo problemas para imponer sus directivas programadas para experimentar en Grecia una regresión de derechos que se expande por toda Europa.
Por supuesto, las medidas impuestas no apuntaron al aumento de los ingresos mediante un sistema de recaudación fiscal más progresivo, ni a una mejora de la eficiencia del Estado para enfrentar la evasión fiscal o para recaudar todo lo debido; ni siquiera apunta a la disminución de los gastos militares. De hecho, como denuncia el eurodiputado francés Daniel Cohn-Bendit, en algunos casos la ayuda está condicionada a la compra de más armamento.
Pero lo que sí se exige a Grecia –que, dicho sea de paso, se trata del cuarto país más pobre de Europa– es privatizar todo lo que queda en manos del Estado, recortar los gastos en los ya desmantelados sectores de la salud y la educación y rebajar los sueldos de las capas más débiles. Y es revelador que los asalariados que se verán menos afectados por los ajustes de la “troika” formada por la UE, el BM y el FMI son los de los cuerpos de seguridad.
En España, las primeras medidas de su plan de shock consisten en una rebaja de 5% de media en los salarios de los funcionarios y su congelación en 2011, la anulación del cheque-bebé, el recorte de 600 millones de euros en la ayuda al desarrollo; se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación por dependencia y se congelan las pensiones para 2011, entre otras.
Esto constituye un ataque directo a las condiciones de vida de millones de trabajadores y jubilados, y se suman a los recortes salariales y a los despidos masivos que desde hace ya dos años se vienen dando como respuesta a la crisis. Ni una sola medida roza los intereses de quienes son, a la vez y cada día más claramente, responsables y beneficiarios de la crisis.
El plan de recorte del gobierno de Zapatero, que se suma a la histórica negativa de su gabinete a aumentar la presión fiscal a las rentas altas, y el contexto en el que se ha producido con el estallido de la conflictividad social en Grecia como ejemplo, ha abierto por primera vez desde el comienzo de la crisis la posibilidad de un ciclo de protestas respaldado por las direcciones de los sindicatos mayoritarios.
Como una suerte de déjà vu, económico-social de la Argentina de la década de los ’90, donde la idea fuerza del ajuste era naturalizada en el universo social con la construcción político-mediática del establishment. Las críticas en el ámbito parlamentario van dirigidas a las formas o a los tiempos de aplicación del ajuste. Si ha sido tardío o si deja afuera de las medidas de “austeridad” los aportes a sindicatos y partidos políticos. A excepción de un sector de las víctimas principales del paquetazo y algunas expresiones de extraparlamentarios, que llaman a resistir las medidas a través de la huelga general, los medios de comunicación y el arco parlamentario consideran al ajustazo como inevitable.
La contradicción es tan flagrante que a sólo pocos meses del triunfo electoral de la socialdemocracia griega, con un programa electoral de corte neokeynesiano, el discurso impuesto por los organismos supraeuropeos borra con el codo lo escrito con el voto popular, y en un juego malabar desnaturaliza la voluntad ciudadana por el sacrosanto mandato del equilibrio fiscal. De igual forma, desde la crisis de fines de 2008 el líder socialista Rodríguez Zapatero se resistió en la práctica y polemizó con la derecha conservadora sobre las medidas de recorte social que hoy termina adoptando.
Mientras tanto, la confrontación social contra las medidas de austeridad en Grecia sigue sin dar respiro. El jueves 20 de mayo el país se paralizó por otra huelga general, la cuarta en lo que va del año. El transporte público se paró, las escuelas cerraron, los hospitales funcionaron con personal de emergencia y la mayoría de las empresas privadas se quedaron vacías. La participación en la huelga, tanto en el sector público como en el privado, fue muy alta, alcanzando en determinados sectores el ciento por ciento.
Lo que la realidad contemporánea deja en evidencia es la profundidad de los cambios iniciados en el nuevo siglo en la geografía sudamericana, con los diversos gobiernos emergentes, enfrentados con las recetas del Consenso de Washington y el libreto recesivo del FMI y el Banco Mundial. Muestran a las claras –más allá de su diversidad– que hay otra forma de encarar las crisis económicas. Priorizando las necesidades de las mayorías al equilibrio de las cuentas.
El crecimiento con distribución es la alternativa del subcontinente a la lógica de la globalización recesiva, el espejismo de la belle époque financiera de la Europa comunitaria, iniciada en los ’90, se desmorona como un castillo de naipes que puede llevar puesta en su derrumbe hasta la mismísima moneda única.
Mas allá de los efectos negativos de la onda expansiva de la crisis en el Viejo Mundo y sus secuelas en el comercio internacional, la impronta de los gobiernos en la heterogénea izquierda americana instalan un debate sobre las políticas posibles y la relación entre las directivas económicas y el progreso de los pueblos en democracia. Lo que cada vez queda más claro es que la implementación de políticas de crecimiento y distribución –que han torneado la historia de la Europa virtuosa por más de treinta años–, que orientan el horizonte programático de la nuevos gobiernos latinoamericanos hoy no se consiguen en la Europa del discurso neoliberal ajustista.
Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
