Jorge Muracciole
Las declaraciones de las víctimas más conocidas de esta perversa historia, Marcela y Felipe, hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble –la principal accionista del grupo mediático de mayor incidencia en la opinión pública de los últimos cuarenta años– reflejan con toda su profundidad el drama irresuelto al que ha llevado el accionar del terrorismo de Estado y sus secuelas perversas. Las criaturas nacidas posiblemente en cautiverio, o arrancadas de sus madres a tan sólo días de haber nacido, hoy superan los 30 años y luego de décadas de crianza en el fangoso y perverso regazo del poder más encumbrado, hoy intentan justificar su trágico destino refugiándose en el libre albedrío personal, deseando no saber nada sobre ese oscuro y triste tramo de sus vidas.
Más allá de ese entendible deseo de despertar de esta patética pesadilla existencial, por parte de Marcela y Felipe, y de querer fervientemente que sus genes no coincidan, en los exámenes de histocompatibilidad genética con ningún familiar de los jóvenes setentistas masacrados, el hecho que están viviendo no es un mero caso de orden privado, es parte de la siniestra historia aún no resuelta que la sociedad argentina debe aclarar en un marco de verdad y justicia.
Este caso paradigmático, de comprobarse en los próximos días, será revelador de la compleja trama de impunidad de los ejecutores con uniforme –que se constituyeron en el brazo armado del genocidio– y su relación con diversos sectores del establishment económico y político que en una suerte de pacto de silencio intentan eludir sus responsabilidades y su complicidad con el secuestro, exterminio y posterior apropiación de la descendencia de más de cuatrocientas jóvenes madres, que parieron en las mazmorras del mediáticamente defendido –en su momento– proceso de reorganización nacional iniciado el 24 de marzo de 1976.
Al fin, hoy lunes la medida demorada por más de ocho años será implementada. Luego de la recusación a la jueza de la causa, efectuada por la defensa de la dueña de Clarín, a cargo de su abogado Gabriel Cavallo, quien más allá de la referida recusación presentó una insólita impugnación del Banco Nacional de Datos Genéticos, junto con un planteo de inconstitucionalidad legal de la medida y el pedido de aplazamiento de los estudios genéticos. La jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó dichos procedimientos al entender los mismos como dilatorios, confirmando el inicio de los estudios de ADN de Marcela y Felipe cotejando, como marca la ley, los datos genéticos de las últimas muestras realizadas a los jóvenes con el total del universo de datos de los familiares de desaparecidos existente en el Banco Nacional de datos Genéticos, con sede en el Hospital Durand.
A pesar de la eminencia de los análisis que establezcan la identidad de los jóvenes, irregularmente adoptados, ante la batería de medidas decididas los últimos días por el abogado de la señora Herrera de Noble, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que, en caso de que los análisis resueltos por la jueza de la causa sean suspendidos, el Estado argentino estaría incurriendo en violación a las garantías de acceso a la justicia y de plazo razonable para la determinación de los derechos.
Lo contradictorio del accionar obstruccionista de la destacada empresaria mediática es la pertinaz decisión de impedir mediante estas maniobras dilatorias el conocimiento de la verdad que de la tan ansiada paz solicitada por sus hijos adoptivos. Este accionar de ocultamiento, que dio frutos en más de ocho años de empantanamiento de la causa, por parte de la viuda de Noble, sólo ha logrado exponer en demasía, de cara a la sociedad, a los atormentados jóvenes, quienes más allá del conocimiento de la verdad sobre sus padres biológicos y su posterior decisión personal al respecto, son la prueba viviente de la atroz perversión de los dueños del poder durante décadas. Lo que revela este caso paradigmático es el extremo al que pueden llegar, en su afán de negar lo innegable, sectores que durante décadas se han instalado en el infranqueable espacio de la impunidad del poder.
Este es un tétrico episodio, uno entre más de quinientos, de los cuales aún quedan sin resolver cerca de cuatrocientos casos de bebés que entre 1976 y 1980 fueron?apropiados por los captores de sus madres y entregados a distintos cómplices activos o pasivos. Hoy esos bebés apropiados son jóvenes que han entrado en la adultez, a los que se les sigue negando el derecho de conocer su?verdadera identidad. Una negación perversa que se ha extendido por más de treinta años. Los tiempos de la verdad y de la justicia en las democracias incompletas?del capitalismo contemporáneo son muchas veces extremadamente lentos.
Ya han sido decenas?las abuelas que han muerto con su angustia a cuestas, esa angustia?originada por la irracionalidad de no haber podido enterrar a sus hijos –ilegalmente secuestrados, torturados y aniquilados–, agravada por la tremenda desolación de morir sin poder mirar a los ojos al fruto del amor de sus hijos. Esos nietos apropiados que, como sociedad, deberemos ayudar a recuperar, como un mandato ético de los sobrevivientes del infierno.
