No se puede negar que la inflación es un fenómeno complejo y que existe en el país una arraigada cultura inflacionaria. Pero, sobre todo, desde el punto de vista de la política económica, la inflación se convirtió en la Argentina en el caballito de batalla de muchos presidentes y ministros de Economía para justificar medidas de estabilización, ajuste o austeridad (como se las llamó en distintos momentos). Con la solemnidad que demandaba la cuestión, esos funcionarios armaban sus discursos sin eufemismos: “La causa de nuestro estancamiento […] es la inflación que ha padecido la Argentina desde hace un cuarto de siglo” (Moyano Llerena). O “la estabilidad monetaria será una columna fundamental [de nuestra política][…] la erradicación de la inflación permitirá liberar enormes energías del mundo económico” (Krieger Vasena). Álvaro Alsogaray se hizo célebre con un discurso donde para atacar el mal mayor de la inflación le proponía a los argentinos: “Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Las medidas en curso, la contracción drástica de los gastos del Gobierno y los grandes recursos del país permiten, si logramos un compás de espera […] que podamos lanzar una nueva fórmula: hay que pasar el invierno”.
El problema es: ¿de qué inflación hablamos? ¿Nos estamos refiriendo a un fenómeno moderno o a una vieja “amiga” que nos viene acompañando desde los albores del proceso de la Independencia o de las guerras civiles? ¿ O, para no hacer hincapié en un período todavía anárquico, debemos mejor remontarnos a la época de la organización institucional y la plena inserción de la Argentina en el mundo: el período agroexportador? Si partimos de allí, a fines del siglo XIX nos encontramos con repetidas crisis financieras, procesos inflacionarios, emisiones monetarias excesivas y hasta clandestinas, especulación y despilfarro. Por ejemplo, en 1886 los precios de los bienes de consumo comenzaron a aumentar, y mucho más en 1888-1889, debido a la constante depreciación del peso.
Los bancos emitían moneda descontroladamente sobre la base de oro tomado en préstamo, y la especulación sobre tierras, acciones de compañías de ferrocarriles, obras públicas y otros activos llevaba sus precios a las nubes. Esta fiebre culminaría con la crisis de 1890. En aquellos tiempos no se calculaba el índice de precios al consumidor, pero se estima que en 1889 éste habría aumentado más del 30%, y más del 50% en 1891, cuando la devaluación alcanzó el 54 por ciento. “¡Los alquileres de sus casas y los precios de las ropas han ido subiendo sin cesar! […] Vivir en esta ciudad es ahora tan caro que la menor reducción de los salarios pesa terriblemente en las clases humildes, pero los accionistas de Londres tienen que recibir sus sabrosos dividendos, hechos sin duda más sabrosos”, decía un diario británico de la época reproducido por el historiador canadiense H. S. Ferns.
Sobre lo que sucedió en esos años se abre el primer gran debate acerca de nuestro problema inflacionario. John H. Williams, un economista norteamericano que estudió entre 1916 y 1918 el caso argentino de las dos últimas décadas del siglo XIX, es uno de los primeros que plantea académicamente la cuestión (aunque el argentino José Antonio Terry se le había adelantado en un libro de 1893): el desorden monetario, las crisis financieras y los procesos inflacionarios de entonces se debieron ante todo al endeudamiento externo. La cuestión es retomada por un jovencito, Raúl Prebisch, que enseguida adhiere a esa tesis contra las ideas monetaristas ortodoxas del reputado catedrático Norberto Piñeiro. Scalabrini Ortiz resaltará más tarde los estragos que en ese mismo sentido causa un episodio anterior: el primer crédito importante concedido al país (más exactamente a la provincia de Buenos Aires), el empréstito Baring de 1824.
En el período entreguerras, los precios terminan estabilizándose y siguiendo a los internacionales, en un país fuertemente dependiente del exterior. Pero a partir de la década de 1940 se intensificó la industrialización y también se definieron cambios explícitos en la distribución de los ingresos. Las políticas salariales activas y las inversiones estatales aumentaron la demanda pública y privada. Sin embargo, la producción se mostraba incapaz de acompañar este incremento, especialmente en aquellos rubros que respondían a las mejoras en la distribución del ingreso mientras que la economía se topaba con la rigidez de la oferta agropecuaria, portadora de divisas.
Así comenzaron los conocidos ciclos stop and go. Las devaluaciones asociadas a las crisis de balance de pagos alimentaron la inflación, y los desequilibrios externos dieron lugar a la aplicación reiterada de planes de ajuste. Éstos insistían siempre en la misma receta ortodoxa; básicamente comenzaban con un reacomodamiento de precios relativos lanzado desde el Estado a través de devaluaciones cambiarias, aumento de tarifas públicas e impuestos, que aceleraban la inflación, y de una caída del salario real. Luego de dos o tres meses de inflación provocada por estas medidas previas, el gobierno de turno anunciaba el programa de ajuste y trataba de congelar las nuevas relaciones de precios e ingresos, prometiendo que esta vez el sacrificio de la población llevaría al saneamiento y despegue definitivo de la economía.
En los discursos y en las acciones de los funcionarios se partía de las clásicas posturas de origen monetarista y se proponían tres medidas básicas para atacar la inflación: terminar con el déficit fiscal, reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos al consumo; no emitir moneda, y congelar los salarios. El diagnóstico era evidente: el consumo de las masas, vía aumento de salarios o mayor gasto público, creaba presiones insostenibles en los precios.
Sin embargo, tanto ese tipo de análisis como las políticas que le seguían comenzaron a ser contestados. Por un lado, no se trataba sólo de subas generalizadas de precios. Los procesos inflacionarios no eran neutrales, provocaban una transferencia de recursos de unos sectores a otros; es decir, como no todos los precios aumentan en la misma proporción hay ganadores y perdedores. Por otro lado, había causas más profundas para explicar ese aumento de precios según los principios de la economía política.
Así en los años ’60 aparece un nuevo concepto de inflación planteado por el profesor Julio Olivera y seguido, entre otros economistas destacados, por Aldo Ferrer. Este tipo de inflación, propio de países como el nuestro –decía Olivera– no es monetaria sino estructural y obedece, sobre todo, a rigideces y asimetrías de la economía, como el estrangulamiento en la balanza de pagos. Es el ejemplo de la inflación de origen cambiario, que aparece después de una devaluación y provoca un aumento de los ingresos de los exportadores, en nuestro caso principalmente del sector agropecuario, que trasladan los mayores precios que reciben en moneda argentina al mercado interno.
La inflación estructural es una característica particular de los países subdesarrollados con problemas en el sector externo. Y si el diagnóstico ortodoxo estaba equivocado las políticas propuestas también lo estaban. Había que atacar primero esas rigideces estructurales.http://www.elargentino.com/nota-80290-Los-grandes-debates-del-Bicentenario-la-inflacion.html
