En conclusión: ¿cuál es el futuro de nuestro pasado? La respuesta depende de que los argentinos seamos, o no, capaces de ponernos de acuerdo en ciertos temas fundamentales y resolver los dilemas pendientes. Es impostergable dar una respuesta definitiva al problema de la estructura productiva consistente con la gestión del conocimiento y la puesta en marcha del proceso de acumulación en sentido amplio.
Para desplegar el potencial del país y establecer una relación simétrica no subordinada en el orden mundial, es preciso, de una buena vez, conformar una estructura productiva integrada y abierta. Esa estructura genera empleo y bienestar, incorpora al conjunto de la sociedad a la creación del desarrollo y la distribución de sus frutos y, por lo tanto, consolida la democracia y la estabilidad de las instituciones. Existe, pues, un círculo virtuoso del desarrollo y la democracia, en el cual se potencian recíprocamente. El desarrollo, elevando el nivel de vida y generando respaldo a las instituciones, y la democracia, sustentando la viabilidad política de la economía integrada y abierta y la equidad.
Para terminar definitivamente con el “péndulo” entre los modelos alternativos de organización de la economía argentina es necesaria la inclusión del “campo” en el proceso de transformación. Como sucedió en otros grandes productores agropecuarios que son, al mismo tiempo, economías industriales avanzadas (los Estados Unidos, Canadá y Australia), es preciso insertar los intereses rurales en la nueva estructura, asumiendo un rol de creadores de riqueza no hegemónico, pero protagonistas dentro de un sistema productivo integrado y complejo.
El insuficiente y frustrado desarrollo industrial del país y la no formación de una coalición hegemónica de actores sociales e intereses asociados a la nueva estructura, mantuvo a buena parte de la dirigencia ruralista replegada en la pretensión de su antigua posición dominante y de su protagonismo en un país “granero del mundo”. De este modo, gran parte del sector apoyó y apoya la estrategia neoliberal, aun cuando la centralidad de la especulación financiera dentro de la misma, como sucedió en el régimen de facto 1976-1983 y en la década de 1990, también castigue a los creadores de riqueza de la cadena agroindustrial.
¿Cuáles son las prioridades de la política económica en una Argentina que está aprendiendo a vivir con estabilidad institucional, cuya economía ha demostrado capacidad de resistir adversidades y en la cual está pendiente la transición, desde el subdesarrollo, a la formación de una estructura integrada y abierta y erradicar, definitivamente, niveles intolerables de pobreza e injusticia distributiva?
La política económica tiene cuatro prioridades fundamentales: i) la gobernabilidad de la macroeconomía; ii) crear un escenario propicio al despliegue de los medios y talento de los agentes económicos; iii) orientar la asignación de recursos y la distribución del ingreso hacia los objetivos prioritarios del desarrollo y la equidad distributiva, y iv) fortalecer la posición internacional de la economía nacional. Estos cuatro objetivos son interdependientes.
La gobernabilidad requiere consolidar la solvencia del sector público en sus tres jurisdicciones de un Estado federal y el reparto racional de ingresos y responsabilidades, entre ellas. Debe consolidarse el proceso de desendeudamiento. La solvencia fiscal tiene, como contrapartida, el superávit del balance de pagos, un nivel suficiente de reservas del Banco Central para preservar el sistema de los shocks externos y la administración de la paridad a través de un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED). La administración de la paridad es una tarea compleja que debe adecuarse a la evolución de las variables internas y externas de la realidad económica, incluida la regulación de los movimientos especulativos de capitales. La instrumentación del TCED recae en la autoridad monetaria, pero su existencia es un requisito del éxito de la política económica y, por lo tanto, responsabilidad primaria de la política económica del Estado nacional.
La gobernabilidad de la macroeconomía es esencial para crear el escenario propicio a la inversión privada. La gobernabilidad tiene un impacto directo en la actividad y otro, no menos importante, en las expectativas de los agentes económicos. Éstos deben convencerse de que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno es el propio país y que la puja distributiva, inclusive la relación utilidades-salarios, debe resolverse en el marco de la estabilidad razonable del nivel de precios. La política monetaria debe contribuir a la estabilidad y el desarrollo, atendiendo a la evolución de la demanda de dinero y a la orientación del crédito a los objetivos prioritarios.
Si se consolida la gobernabilidad del sistema, el país dispone del poder necesario para vincularse al orden mundial en una posición simétrica no subordinada. La experiencia de las naciones emergentes de Asia revela que los países con suficiente densidad nacional y recursos propios tienen la capacidad de decidir su estructura productiva y, consecuentemente, su propio destino en el orden global. Éste es el rumbo necesario y posible, también, en la Argentina.
Para ello es necesario observar los problemas desde la perspectiva de los intereses nacionales, sin prejuicios y buscando las coincidencias para encuadrar y resolver los conflictos. El mayor obstáculo para responder a los dilemas que enfrentamos no radica en la gravitación de los intereses neoliberales ni en las restricciones externas. El problema de fondo es la división de los sectores y actores sociales creadores de riqueza, es decir, la falsa división de las aguas dentro del mismo campo de los intereses nacionales. Así se frustraron procesos de transformación en el pasado y corre el riesgo, actualmente, de volver a repetir la experiencia. En diversas expresiones políticas, están dispersos actores económicos y sociales, partícipes necesarios y beneficiarios del desarrollo nacional, los cuales aparecen divididos por cuestiones periféricas a los problemas centrales que tenemos por delante. Ésta es una severa debilidad subsistente en la densidad nacional.
Así concluye el Segundo Centenario, con antiguos problemas históricos aún no resueltos y, al mismo tiempo, con un rico bagaje de enseñanzas que, bien aprendidas, pueden abrir el camino de un futuro promisorio. Los años finales del Segundo Centenario demostraron la capacidad del país de recuperarse y crecer con sus propios medios, sin pedirle nada a nadie y cancelando deuda. La Argentina cuenta con una gran variedad de recursos en un extenso territorio nacional (el octavo más grande del mundo) y una población de respetable nivel cultural y aptitud de gestionar el conocimiento. Es uno de los pocos países del mundo excedentario en dos recursos sin los cuales no son posibles la vida y el desarrollo: alimentos y energía.
Cuenta, también, con una elevada capacidad de ahorro, equivalente en la actualidad a más de u$s100.000 millones anuales. La Argentina está en condiciones de vivir con lo suyo, parada en sus propios recursos y abierta al mundo. Crecer a mas del 6% anual sobre la base de una tasa de ahorro interno del orden del 30% del PBI y de inversión superior al 25%, proponiéndose erradicar la indigencia en un bienio y la pobreza en una década, reducir el desempleo a niveles del orden del 3% de la fuerza de trabajo, bajar a expresiones mínimas el trabajo no registrado y provocar una mejora generalizada del nivel de vida y, sobre todo, de su calidad en libertad y democracia. Todas metas posibles si consolidamos la densidad nacional.
* Director Editorial de Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-82445-El-futuro-de-nuestro-pasado.html
