Las políticas públicas fortalecieron a las compañías estatales?más rentables de los sectores energético (petróleo, gas natural y electricidad) y telecomunicaciones. Las empresas nacionales privatizadas en esos sectores constituyen el núcleo del sector privado no financiero del país. Como señaló Sebastián Etchemendy en un estudio de hace algún tiempo, bajo el gobierno socialista, el Estado tenía poder de veto sobre las absorciones y fusiones vinculadas con compañias privatizadas de interés público. La reserva de la acción de oro, junto con la estrategia de privatización secuencial, fue el recurso definitivo para impedir las absorciones hostiles por intereses foráneos.
Hacia el año 2000, todos los “campeones nacionales” ya eran totalmente privados, a pesar de lo cual el gobierno –mediante el mecanismo de la acción de oro, los directivos nombrados por él y los representantes de los bancos– tenía bajo su control, en la práctica, el directorio de los principales grupos españoles (Telefónica, Endesa, Repsol y sus subsidiarias). Todos ejemplos de la existencia de un Estado desarrollista con semejanzas con la estrategia seguida en Corea, Taiwán y otras economías emergentes de Asia. El gobierno conservador del Partido Popular no cambió este proceso de construcción del capitalismo nacional español. La reforma del sector industrial se impuso desde arriba por la coalición del gobierno y los bancos.
Los resultados fueron notables. España llegó a ser una potencia en materia de producción de acero y el tercer país de Europa por la magnitud de su industria terminal de automotores.
Se verificó así una de las condiciones básicas de la densidad nacional: liderazgos económicos y políticos con vocación de acumular poder dentro del espacio nacional, reteniendo el comando del proceso económico y de las fuentes y destino del proceso de acumulación. De este modo, la integración a Europa y la globalización consolidó las bases del capitalismo nacional de España. Esto permitió la proyección internacional de las principales empresas españolas, especialmente en su área de influencia histórica en América latina, región en la cual adquirieron un importante peso relativo.
Aunque, en teoría, el libreto de la reforma recitaba el paradigma neoliberal, en la práctica la política era profundamente nacional. En el apogeo de la liberalización, desde fines de la década del ’80 hasta mediados de la siguiente, el índice de desempleo se mantuvo elevado. La economía generó, sin embargo, los recursos para asegurar niveles mínimos de bienestar y, en un sentido más amplio, incorporar a gran parte de la sociedad española a la distribución de los frutos del desarrollo.
La política monetaria y fiscal se manejó de tal modo que los bancos no entraron en aventuras especulativas fuera de control. A su vez, en el 2007, el presupuesto operaba con un superávit de casi el 2% del PBI. En ese año, previo a la propagación de la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos, la relación deuda pública/PBI era inferior al 40%, la más baja entre las mayores economías de la Unión Europea.
Pero el modelo era vulnerable porque dependía excesivamente de la entrada masiva de capital extranjero.?El apalancamiento del gasto, particularmente de las inversiones del boom inmobiliario, aumentó la deuda privada hasta representar más del 200% del PBI. El impulso de la demanda aceleró la inflación. Entre el 2000 y el 2008 los precios de los bienes y servicios aumentaron en España 35% frente al 10% registrado en Alemania. La pérdida de competitividad de la producción española de bienes y servicios sujetos a la competencia internacional agravó el desequilibrio de los pagos internacionales.
Cuando estalló la crisis global, en España, como en el resto de la Unión Europea y las economías desarrolladas, el gasto público aumentó para sostener la demanda efectiva y el empleo. En el 2009, el déficit fiscal alcanzó a más del 11% del PBI y la relación deuda publica/PBI aumento al 72%, el doble del 2007. La viabilidad del sistema pasó a depender del aumento del crédito para el sector público y el refinanciamiento de la deuda privada, pero la crisis de confianza elevó el riesgo país y generó un ataque especulativo. Este escenario confronta a España ahora con la necesidad de un ajuste que compromete la continuidad de las redes de protección social y la estabilidad social y política.
En el pasado, como sucedió en 1992 y 1993, los desajustes macroeconómicos podían enfrentarse con la devaluación de la peseta y la recuperación de la competitividad de la economía española. Con el euro, el ajuste sólo es posible con una fuerte baja de salarios, jubilaciones y la protección social y,?consecuentemente, un prolongado escenario de malestar social y estancamiento económico.?En la fase de auge, España recogió los frutos de su inserción en la globalización dentro de Europa y la economía mundial. Ahora está pagando el precio de la pérdida de autonomía de su política económica y, consecuentemente, de su dependencia de los mercados y de factores externos fuera de control. España, al adherirse a la Unión y adoptar al euro como su moneda, renunció a instrumentos fundamentales de la política económica nacional. Ahora tiene que arreglarse con lo que le queda y el eventual apoyo comunitario.
Las alternativas son difíciles y complejas, Volver atrás, saliendo del euro y, eventualmente, declarando el default sobre la deuda, es, a esta altura, inimaginable. Tampoco parece factible un ajuste interno de la dimensión necesaria, el cual?implicaría un gigantesco costo social y político. El problema de España, como en los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, es hoy un dilema de la Unión Europea. La integración avanzó a distintas velocidades. En la moneda, llegó al límite con la creación del euro y la banca central comunitaria. Pero la necesaria convergencia?de las políticas fiscales nacionales no se armoniza con compromisos de principios sobre límites del déficit y el endeudamiento público. Bajo un régimen de moneda única con mercados financieros esencialmente desregulados,?surgen periódicamente, como en la actualidad, desequilibrios reveladores de los distintos niveles de desarrollo y competitividad de los países miembros de la Unión Europea y de su capacidad de sostener la solidez de sus pagos internacionales y solvencia fiscal.
Mientras la integración de la Unión Europa se mantenga a medio camino, los desajustes actuales volverán a repetirse; mientras tanto, probablemente, surgirán paliativos comunitarios para facilitar el ajuste de los países con problemas, renovando al interior de los órganos comunitarios las visiones políticas encontradas entre los liberales partidarios del ajuste a cualquier precio y quienes pretenden consolidar lo alcanzado con políticas más flexibles y solidarias con los países con problemas, los cuales, en la actualidad, representan sólo el 15% del PBI de la Unión.
En cualquier caso, en España, como en la fase de la transición a la democracia, volverá a ser puesta a aprueba la lucidez de las dirigencias económicas, sociales y políticas para resolver la crisis y, otra vez, la monarquía volvería a jugar un rol fundamental de arbitraje. Están dadas las condiciones para un segundo Acuerdo de la Moncloa. Dados los lazos históricos que unen a la Argentina con la Madre Patria y la presencia de empresas españolas en la economía nacional, tenemos el mayor interés en que España resuelva sus problemas lo mejor y más pronto posible. Al mismo tiempo, conviene sacar algunas conclusiones al respecto.
En primer lugar, advertir el riesgo de encandilarse con las promesas de la inserción incondicional en la globalización. El desarrollo económico sigue siendo esencialmente un proceso de construcción en un espacio nacional, abierto al mundo pero afianzado en la capacidad de maniobra de la política de desarrollo y equilibrio macroeconómico. La movilización del ahorro interno y los recursos propios siguen siendo la fuente fundamental de la acumulación. La dependencia del capital extranjero y de los criterios de los mercados?desarticulan el espacio nacional, deprimen el ahorro interno y la tasa de inversión y, finalmente, provocan desequilibrios inmanejables. Como sucedió en la?Argentina que registró el peor período de su historia económica (1975-2002), bajo la hegemonía de las políticas neoliberales. La posterior recuperación argentina fue posible, precisamente, por haber seguido políticas en las antípodas de las recetas convencionales.
La crisis mundial demostró?a escala global la inviabilidad de los mercados desregulados y el canon neoliberal. Las tensiones actuales en la Unión Europea revelan también la?necesidad de fortalecer las políticas públicas comunitarias y consumar la integración del espacio europeo. Lo que en el resto del mundo se manifiesta como el dilema del desarrollo y el equilibrio macroeconómico nacional dentro de un orden global, en la Unión Europea se expresa como un problema para el conjunto de la región. Está por verse si las actuales dirigencias comunitarias, principalmente de los países mayores, están a la altura del desafío actual y de la visión de los padres fundadores del proyecto europeo.
*Director editorial de Buenos Aires Económico
http://www.elargentino.com/nota-79415-Es%C2%ADpa%C2%ADna-Auge-y-crisis.html
