19 feb 2010

Los que ganan y los que pierden con la inflación Por Federico Bernal*

La inflación oficial en el 2009 fue del 7,7 por ciento, mientras que para las consultoras privadas osciló entre el 15 y 17,3 por ciento: ¿A quién creer? Y más importante aún, ¿de qué lado ubicarse para defender el propio bolsillo, para defender nuestro propio poder adquisitivo? Asimismo, implica algo aún más significativo: suponiendo un escenario donde el encarecimiento de los precios de productos y servicios se profundice (la inflación como efecto colateral de la incipiente recuperación argentina en el actual contexto de crisis internacional), ¿debemos confiar o desconfiar en que el gobierno nacional lo sabrá resolver?
En primer lugar, resulta interesante definir el término inflación.
La definición más consensuada y aceptada entre los economistas de las más diversas orientaciones teóricas la describe como un incremento sostenido y generalizado del nivel de precios, cuya contrapartida sería una permanente disminución en el poder de compra del dinero. Sin embargo, esta coincidencia no se traslada al plano de las explicaciones causales, y por lo tanto, tampoco a los remedios propuestos para detener o desacelerar el incremento de los precios. Pero dejando de lado enfoques economicistas de alto vuelo, apelo al sentido común del lector para que sea él mismo quien encuentre una explicación al tema de la inflación, para que sepa él mismo cuándo verdaderamente existe, para que pueda identificar los actores que ganan y pierden toda vez que se registra un incremento generalizado de precios con pérdida del poder adquisitivo, y finalmente, para identificar sus amigos y sus enemigos.

Con la intención de ayudar a resolver estos acertijos, conviene saber, en primer término, que la inflación, vía expectativas, la generamos todos. En segundo, que el aumento de precios registrado en determinados productos no es culpa del Indec ni obedece a un problema de emisión monetaria o de gasto público descontrolado. Ni la emisión ni el gasto público son condiciones excluyentes para generar inflación. En tercer término, que existen sectores empresarios (que fijan los precios de determinados productos por su posición dominante en la cadena de producción) que aumentaron sus precios antes de la definición de los salarios o las negociaciones de las paritarias. En cuarto término, conviene siempre tener en cuenta la relación entre el empleo y la evolución de los precios.

Aun con aumento o reacomodamiento de precios en una importante cantidad de productos y en algunos servicios, el desempleo está en baja. Algo totalmente distinto ocurrió en 1989, donde el país registraba entre un 5 y un 6 por ciento de desempleo pero la hiperinflación alcanzó el 3.000 por ciento. O en los ’90, con deflación pero con un 22 por ciento de desocupación. Y en quinto y último término, que la inflación puede combatirse adecuadamente mientras exista una sólida alianza, un sólido frente entre un sindicalismo fuerte (fiel representante de los intereses de los trabajadores) y un Estado igualmente fuerte, determinado a controlar los márgenes de ganancias excesivos de todo el sector empresario y, fundamentalmente, de aquellos con posición dominante en las cadenas productivas. En este sentido, resulta estratégico advertir en el Estado a un aliado del propio bolsillo, siempre y cuando uno identifique que éste, a través del Gobierno, persiga alcanzar acuerdos de precios con el sector privado. Y no sólo eso, sino que también resulta clave prestar atención al tipo de respuesta empresarial toda vez que el Gobierno toma una medida redistributiva. Por ejemplo, tenemos el caso de la Asignación Universal por Hijo. Entre las muchas y favorables consecuencias, dicha medida generó un aumento de la demanda. ¿Cuál fue la reacción empresarial? Subieron los precios de los productos para buscar ganancias inmediatas, en vez de mejorar ofertas, aumentar las plazas de empleo y apostar al crecimiento de todos por igual. Este ejemplo, esta reacción, es la que por desgracia más abunda en la Argentina.

A modo de cierre de esta compleja cuestión, el lector habrá advertido que varios “especialistas” pronostican para este año un recrudecimiento de la inflación, recrudecimiento en parte porque los pronósticos –acá coinciden ortodoxos y heterodoxos– anuncian una recuperación de la economía argentina. Es aquí donde entra a jugar el gran dilema: ¿quién es el enemigo de mi bolsillo: el Estado o los empresarios? La respuesta es sencilla: el único actor capaz de ejecutar una política antiinflacionaria es el Gobierno y no los empresarios. Más aún cuando se está en presencia de un gobierno volcado a contribuir y a apostar a la suba progresiva y a la mejora relativa de los ingresos reales de la población. La pregunta que sigue es la siguiente: ¿cuál es la política antiinflacionaria más efectiva? Respondemos con Einstein, el esfuerzo, la intuición y el sentido común, y le pedimos al lector que deje de lado la visión tradicional que culpa al aumento de los salarios de los trabajadores, al gasto público y al crecimiento de la demanda, las principales causas del aumento de los precios. ¿Por qué? Porque decidirse por esta política no hace más que beneficiar justamente a los sectores responsables del aumento indiscriminado de los precios. Veamos. Las ventas de los grandes empresarios formadores de precios no dependen del consumo de los sectores populares. Por otro lado, un aumento de los sueldos de sus empleados restringe sus ganancias. Y por último, la cuestión del saldo exportable: un país, un mercado interno deprimido deja a las grandes compañías exportadoras y a los sectores oligárquicos tradicionales vinculados al agro con la mayor cantidad de productos (por ejemplo alimenticios) para exportar, lo cual se traduce en mayores divisas que si los vendieran en el mercado interno. El argentino y la argentina que van al supermercado o al almacén y se ven afectados por el aumento de precios, no pueden estar a favor de una política antiinflacionaria restrictiva, pues no estarían haciendo otra cosa que sentando las bases para que en el futuro cercano siquiera tengan dinero para ir a comprar al supermercado o al almacén.

Si uno no apoya a los políticos, especialistas y representantes de tal política antiinflacionaria, estará pues apoyando un proceso de crecimiento y desarrollo industrial que, paradójicamente, producirá distinto grado de presiones inflacionarias, tal como se vienen registrando en la actualidad. ¿Callejón sin salida? No, cuanto más pronto se superen los problemas de la oferta (diversificación productiva y desconcentración económica) y cuanto mejor se resuelva la puja distributiva, la inflación irá disminuyendo. ¿Puja distributiva es hacer socialismo o comunismo? Puja distributiva es luchar por hacerse de una tajada cada vez mayor de la ganancia devenida de las utilidades y la venta de los productos de todo el aparato productivo y de servicios de la Nación. O la ganancia se la apropian los empresarios vía aumento de precios de lo que consumimos o el Estado controla los excesos y redistribuye esa misma ganancia a la totalidad del pueblo consumidor. Con esfuerzo, intuición y sentido común no será difícil identificar a los amigos y los enemigos del propio bolsillo.
*Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (CLICeT)
http://www.elargentino.com/nota-78402-Como-defender-mejor-el-bolsillo.html