18 dic 2009

Ley de Entidades Financieras y sistema político Por Nicolás Tereschuk


La Ley de Entidades Financieras, puesta en vigencia por la dictadura militar en 1977 determina todavía el funcionamiento de los bancos y es uno de los ejes sobre los que se estructura el otorgamiento de créditos en la Argentina.

La norma fue considerada por el economista Carlos Schvarzer como “el cambio estructural más importante” producido por la gestión del ex ministro de Economía José Martínez de Hoz. Su colega Eduardo Basualdo evaluó que la reforma financiera de la dictadura “fue la primera expresión institucional de un cambio radical en el enfoque de la política económica: la subordinación que tenía el sistema financiero respecto de la expansión de la economía real”. Nada menos.
La norma autorizó un mercado libre del dinero, motorizó la instalación de nuevas entidades y privó al Estado de mecanismos reguladores que había tenido durante medio siglo sobre el sistema financiero.
Tras 26 años de democracia, ¿el sistema político argentino identifica una posible reforma estructural del funcionamiento de los bancos como una prioridad?
Seis leyes del Congreso le introdujeron algunas modificaciones menores entre 1996 y 2006 a la norma firmada por Jorge Videla y José Martínez de Hoz. Cuando se revisan los proyectos presentados en el Congreso durante los últimos diez años, una idea surge con claridad: los legisladores de todos los bloques no mostraron una enorme decisión en avanzar con esta reforma.
Se presentaron una veintena de proyectos de distintos políticos para reformular la norma. Pero hubo pocas iniciativas de reforma “integral”. Muchas presentaciones tienen por objetivo otorgar más transparencia al sistema –como uno de los entonces diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero, Graciela Ocaña, Eduardo Macaluse y Alfredo Villalba, en 2000–, o dar más aire a la banca cooperativa o “solidaria”. Ese mismo año, Darío Alessandro, quien llegó a ser jefe de aquel mismo bloque, presentó una iniciativa con reformas bastante ambiciosas para aumentar las posibilidades de otorgamiento de créditos. También lo hizo el justicialista Manuel Baladrón, quien encabezó hasta hace poco la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A mediados de 2002, diputados de distintas bancadas, entre los que se encontraba Carlos Raimundi, impulsaron otro proyecto. Y lo mismo hizo desde el Senado el actual gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. No hubo mayor voluntad política para hacerlos avanzar.
La dinámica legislativa no es fortuita. Desde la crisis de 2001 y la vigencia del “corralito”, el problema del sistema financiero no fue tanto el nivel de regulación que el Estado debe ejercer sobre su funcionamiento, sino la posibilidad misma de darle sustentabilidad en el tiempo.
Pero la situación ha cambiado. Todos los analistas coinciden en destacar la fortaleza del sistema financiero argentino, que aparece incluso más solvente que en la década del ’90. Trascendió en las últimas horas que, luego de un año de fuerte crisis del sistema financiero a nivel global, el titular del Banco Central, Martín Redrado, pronosticará un aumento de 10 puntos porcentuales en el stock de préstamos.
Este tipo de “buenas” noticias pueden ser un boomerang para los impulsores de la reforma. Con un año del Bicentenario a la vuelta de la esquina plagado de eventuales obstáculos para el oficialismo –basta ver los movimientos que se dan en la Cámara de Diputados– una posibilidad para el Gobierno puede ser optar por el dicho peronista de “desensillar hasta que aclare”.
El ex presidente Néstor Kirchner señaló en diálogo con empresarios esta semana, según publicó este diario, que “no es momento” para avanzar en una modificación de la Ley de Entidades Financieras. El diputado Carlos Heller declaró que el titular del PJ le habló de “encarar” el tema, aunque habló de analizarlo “sin apuro”. Un punto a tener en cuenta en este aspecto es si el Gobierno, urgido por necesidades políticas de corto plazo, avizora beneficios concretos en una reforma estructural de este tipo.
Como ejemplo, puede decirse que la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, en 2008, fue una clara señal en el sentido de desandar las reformas neoliberales de los ’90, pero además le otorgó al Estado un juego político muy palpable. Desde entonces el Estado nacional pudo financiar aumentos en el gasto público a tasas más bajas que las que ofrece el mercado local y poner en marcha el “más ambicioso plan de asistencia social de la historia argentina” –tal la definición que realizó la consultora Econométrica en un informe reciente para referirse a la asignación por hijo a desocupados y trabajadores informales pobres–.
De igual modo, la ley de medios, de amplio consenso entre organizaciones sociales y partidos políticos de centroizquierda, implicó un mojón muy claro para el Gobierno en lo que percibe como una disputa estratégica en el ámbito de la comunicación.
En cambio, es tan cierto decir que la posible reforma de la Ley de Entidades Financieras –sobre la que no hay borradores– es una verdadera cuenta pendiente de la democracia y que existe un cierto consenso en ámbitos “progresistas” sobre esa necesidad, como que sus beneficios se verán sólo con el tiempo, cuando pueda empezar a canalizarse el crédito no ya al consumo o a colocaciones de muy corto plazo, sino hacia la producción, dándole aire a la economía real.
Las limitaciones del sistema financiero argentino son claras: la producción y las pymes deben penar por acceder a un crédito. Cinco entidades suman más de la mitad de los depósitos. Un informe del Banco Mundial de hace pocos años ubicó a la Argentina, entre 99 países, en el puesto 76 en cuanto a la penetración geográfica del sistema bancario y apenas en la mitad de la tabla en cuanto al acceso bancario por habitante. Basta ver las colas que se forman un viernes por la tarde a principios de mes ante cualquier cajero automático del segundo cordón del conurbano.
La necesidad de una reforma no se escucha con fuerza en el peronismo. La oposición está muy preocupada por cuestiones como la conformación del Consejo de la Magistratura. Algunos sectores del centroizquierda eligen como eje discursivo la cuestión energética o la preservación de los glaciares. Sólo otros actores de ese mismo espacio y algunos académicos hablan seguido de la estratégica cuestión de los bancos. ¿Bastará?
Nicolás Tereschuk
Sociólogo - Coeditor de Artepolitica.com
 http://www.elargentino.com/nota-70250-Ley-de-Entidades-Financieras-y-sistema-politico.html